MANIFIESTO CERMI
3 DE DICIEMBRE DE 2017
DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal;
HORIZONTE ACCESIBILIDAD 4 DICIEMBRE 2017
Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, a escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como expresión del movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, hace público el siguiente
MANIFIESTO
El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad está supeditado, en gran parte de las ocasiones, al cumplimiento de un presupuesto previo: la posibilidad de acceso, de uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin discriminaciones ni exclusiones por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso; esto es lo que conocemos como accesibilidad universal.
La accesibilidad universal se entiende como derecho, más exactamente, como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual tiene como correlato lógico la consideración de la falta de accesibilidad de los entornos, productos, bienes y servicios a disposición del público como una discriminación contra las personas con discapacidad.
Comporta la accesibilidad universal la superación de todo tipo de barreras, independientemente de lo visibles que estas sean. En el caso de las barreras invisibles, alimentadas habitualmente por los prejuicios negativos, los estereotipos y los sesgos, la accesibilidad universal supone una modificación de las actitudes para evitar conductas discriminatorias, así como la toma en consideración y la comprensión de las necesidades singulares y específicas de las personas.
La accesibilidad universal es pues un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos, y respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad.
En la esfera internacional, esta consideración de la accesibilidad universal viene consagrada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada en diciembre de 2006 (artículo 9 –accesibilidad universal; artículo 20 –movilidad personal; y 21 - acceso a la información-, p.e.), y firmada y ratificada por España, por lo que resulta plenamente aplicable.
La legislación española, aunque de un modo imperfecto, incompleto y poco efectivo, también proclama, declara y regula la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.
Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a recibir incrementados los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce.
En el año 2003, gracias a las presión y la incidencia del movimiento social de la discapacidad, España aprueba una legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía, resumidamente, unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser, nacer, necesariamente accesible, y para lo preexistente que no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para convertirlo en accesible, siempre que fuera susceptibles de ajustes razonables, que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal operado en 2011, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión, hasta el 4 de diciembre de 2017.
La fecha por fin ha llegado, y los deberes legales no están hechos. Pese a los recordatorios, los continuos avisos y las denuncias reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de 2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal, a un fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad.
Ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de que ha sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas, el tejido social de derechos humanos de la discapacidad intensificará su tarea de presión, crítica y denuncia, desplegando una estrategia activa de movilización y contestación contra los incumplimientos en relación deber de garantizar la accesibilidad y los responsables de los mismos, consistente en la reclamación política y jurídica de soluciones prontas que acaben con este estado estructural y sistemático de vulneración de los derechos humanos de esta parte de la diversidad social que son las personas con discapacidad.
Desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, con inversiones suficientes, con sanciones de los incumplimientos o la mejora continua del marco normativo; y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos su operadores y agentes, y se robustecerá el conocimiento y formación de los profesionales que conciben proyectan, diseñan, configuran e implantan entornos, así como de titulares, los proveedores y los gestores de los productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos.
A partir del 4 de diciembre, el movimiento asociativo será reivindicativo, vigilante y beligerante contra las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal.
La realización y la consecución de la accesibilidad universal en plazos inmediatos constituye por tanto un asunto primordial en la agenda política del movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, en el que este pondrá todas sus energías y potencial para un cambio social que no admite más demoras.
¡SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!
3 de diciembre de 2017
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad -CERMI-
